Podemos retira su proposición de Ley contra el fracking para evitar su posible inconstitucionalidad y registra, con el PSOE, un nuevo texto similar al de Castilla-La Mancha, que ha pasado el corte del Constitucional.
La iniciativa retirada durante el debate de enmienda a la totalidad seguía la filosofía jurídica de las normas autonómicas de Cantabria, Navarra y La Rioja, que fueron tumbadas por el Tribunal Constitucional (TC) entre 2014 y 2016 al atribuirse competencias que corresponden al Estado, como la regulación energética o de hidrocarburos, para prohibir el fracking en sus territorios.
Por ello, la diputada de Podemos María Giménez ha anunciado que desechan el anterior texto ante la posibilidad de que el PP presentara una recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias estatales, tal y como advertía la enmienda a la totalidad de los populares.
El PP ha anunciado que retiraba su enmienda para dejar claro que no están a favor del fracking, pero han advertido de que el texto era susceptible de ser recurrido ante el TC al invadir competencias estatales.
La nueva proposición ya no prohíbe la fractura hidráulica, sino que establece varios trámites que sí son competencia autonómica y que complican la aprobación de los proyectos de extracción. En la Región se han pedido cinco permisos para efectuar esta práctica, de los cuales dos han quedado extinguidos y los restantes tres están todavía vigentes.
El texto contempla que las consejerías competentes en salud pública, ordenación del territorio y energía elaboren un plan estratégico que tendrá que contar con la participación de la población afectada por la explotación del fracking, así como requerirá del trámite de información pública y un informe preceptivo del Consejo Asesor de Medio Ambiente.
Igualmente, tendrá que tener "especial atención" a los "riesgos" derivados de esta técnica sobre la salud y el medio ambiente, los recursos hídricos, la gestión de los residuos y las emisiones atmosféricas, además de incluir el plan una evaluación de riesgos y una zonificación que restrinja las áreas más sensibles.
La nueva proposición ya no prohíbe la fractura hidráulica, sino que establece varios trámites que sí son competencia autonómica y que complican la aprobación de los proyectos de extracción. En la Región se han pedido cinco permisos para efectuar esta práctica, de los cuales dos han quedado extinguidos y los restantes tres están todavía vigentes.
El texto contempla que las consejerías competentes en salud pública, ordenación del territorio y energía elaboren un plan estratégico que tendrá que contar con la participación de la población afectada por la explotación del fracking, así como requerirá del trámite de información pública y un informe preceptivo del Consejo Asesor de Medio Ambiente.
Igualmente, tendrá que tener "especial atención" a los "riesgos" derivados de esta técnica sobre la salud y el medio ambiente, los recursos hídricos, la gestión de los residuos y las emisiones atmosféricas, además de incluir el plan una evaluación de riesgos y una zonificación que restrinja las áreas más sensibles.
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