La Verdad (08/08/2017)
El Gobierno autoriza un cambio en el programa de sondeos en el subsuelo que una multinacional desarrollará en Cieza, Jumilla y Calasparra

Los sondeos con los que se estudiará si hay posibilidad de extraer hidrocarburos mediante la polémica técnica de la fractura hidráulica o 'fracking' se han ido retrasando, y según la nueva autorización se desarrollarán a partir de 2018 con una inversión de 12,8 millones de euros. Así aparece recogido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 27 de julio.
El diputado regional de Podemos Andrés Pedreño criticó ayer esta autorización porque pasa por encima de la moción contra el 'fracking' aprobada en la Asamblea Regional. «Mariano Rajoy convierte en papel mojado el mandato parlamentario de declaración de la Región como libre de 'fracking', mientras el Gobierno regional está tomando el sol», lamentó. El nuevo programa de sondeos presentado por la compañía reduce el área de estudio inicialmente prevista, dejando fuera sobre todo zonas pertenecientes a la provincia de Albacete. Se mantienen sin embargo las pretensiones de hacer prospecciones «en una zona estratégica para nuestros recursos hídricos, el Sinclinal de Calasparra», advierte Andrés Pedreño. El diputado de Podemos pide al Gobierno regional que actúe porque el 'fracking' «pondría en riesgo de contaminación estos recursos».
«Es imprescindible proteger la agricultura, la ganadería, el agua y los yacimientos que hay en el subsuelo de muchos territorios de la Región de Murcia ante una actividad que abre la puerta a la contaminación de nuestro recursos», insiste.
«Es inconstitucional»
Por su parte, fuentes de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, de la que depende Industria, subrayan que impedir las prospecciones del programa Leo sería «inconstitucional», dado que se trata de una autorización del Gobierno central publicada en el BOE.
La moción de la Asamblea Regional, aprobada pese a la abstención del PP, no puede impedir estos trabajos, como tampoco podría hacerlo una futura ley regional 'antifracking', advierten estas fuentes. La Consejería alude a un informe de los propios servicios jurídicos de la Asamblea.
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